¿Quién paga el estado del bienestar?

Parque Josaphat-Anes (Bruselas). Foto de Schaerbeek; Wikicommons.Uno de los rasgos característicos del estado del bienestar es el reconocimiento de derechos sociales y la concesión de servicios públicos con el objetivo de mejorar el nivel de vida de toda la población. De estos servicios, los que forman su baluarte son la sanidad, la educación, las pensiones y las prestaciones por desempleo, pero también se incluyen entre ellos el transporte, los centros culturales y de ocio, etc. En cuanto a su política económica, de corte keynesiano, se caracteriza por priorizar antes que cualquier otra cosa la creación de empleo, con el objetivo de alcanzar así la menor tasa de desempleo posible. La idea que subyace a este modelo de estado es que no hay bienestar sin empleo ni un mínimo de seguridad respecto al futuro. Su pretensión es ser un compromiso entre los capitalistas (las empresas) y los trabajadores, de modo que parte de los beneficios empresariales reviertan también en la sociedad en su conjunto.

La edad dorada del estado del bienestar occidental abarcó aproximadamente desde 1945 hasta 1970, período de postguerra en el que prevaleció la política económica keynesiana. Sin embargo, en la década de los 70, la conjunción de estancamiento e inflación llevó a un aprieto a la teoría keynesiana, pues esta no disponía de una receta clara para afrontar dicho escenario. El capitalismo se encontraba en una profunda crisis de su modelo de acumulación. Fue a partir de entonces, y especialmente durante los 80, cuando las voces críticas con el estado del bienestar se hicieron fuertes y lograron la adhesión de los gobiernos. O los gobiernos se adhirieron a ellas, en busca de alternativas y justificaciones.

Los críticos del estado del bienestar aducían que el estancamiento y la inflación eran la consecuencia directa de su misma esencia, pues según ellos: 1) el gasto en servicios sociales produce un déficit dedicado a estimular el consumo, lo que disminuye el ahorro de las familias y, a largo plazo, el crecimiento y el empleo; y 2) perpetúa el mismo desempleo que crea, debido a que las prestaciones sociales reducen el incentivo de trabajar y la flexibilidad en salarios de la contratación. Por ello, los críticos promueven de una forma u otra un retorno al liberalismo del siglo XIX, cuya nueva versión ha recibido el nombre de neoliberalismo. Este aboga por reducir el estado todo lo posible, en especial en todo aquello que caracteriza al estado del bienestar: regulaciones laborales, prestaciones, sanidad, educación, etc. Su credo es que el mercado, liberado de intervenciones estatales, se autorregula armoniosamente y produce pleno empleo y crecimiento. Para ellos el estado del bienestar realiza una redistribución neta a favor de los trabajadores a costa del beneficio de las empresas, y es fundamentalmente eso lo que en su opinión sería pernicioso. El parecido con lo que escuchamos actualmente en los medios de comunicación en boca de políticos de derecha, economistas y grandes empresarios no es una coincidencia.

Sin embargo, ambas críticas son infundadas, tal y como apunta con una claridad meridiana el economista Anwar Shaikh en su estudio «Who pays for ‘welfare’ in welfare state? A multicountry study» (Social Research, 2003). En primer lugar, Shaikh señala que muchos estudios microeconómicos y macroeconómicos realizados hasta la fecha indican todo lo contrario. El vínculo que hay entre beneficios, regulaciones del mercado de trabajo y desempleo parece ser muy débil. Por si fuera poco, no se han encontrado evidencias empíricas de que la política laboral de los estados del bienestar europeos fuera un factor clave en las crisis de empleo que sufrieron en los 1980 y 1990.

En segundo lugar, Shaikh presenta su propio estudio al respecto, basado en datos oficiales de la OCDE, y no deja lugar a dudas. Los servicios sociales del estado del bienestar no son fruto de una redistribución neta del capital al trabajo, sino que son casi por completo autofinanciados por los mismos trabajadores a través de sus impuestos. La redistribución solo se produce entre los trabajadores mismos, especialmente entre los extremos de asalariados pobres y asalariados ricos. Esto supone una evidencia en contra de la tesis que consideraba estos servicios los causantes del déficit, el desempleo y el estancamiento del crecimiento del PIB. Así mismo, echa por tierra las justificaciones que esgrimen los gobiernos para recortar los gastos sociales y favorecer el trasvase de rentas hacia el capital. Y todo esto sin tener en cuenta que toda la riqueza procede del trabajo.

Juan C. Valls

Puedes citar este artículo como:

Valls, J. C. “¿Quién paga el estado del bienestar?”, La prisión mental, URL: https://laprisionmental.wordpress.com/2013/05/08/quien-paga-el-estado-del-bienestar/.

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